La economía importa, las instituciones más

Artículo publicado en El Nuevo Lunes el 26/02/2018

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Desde el punto de vista de la coyuntura económica, la situación actual dista mucho de parecerse a la que, hace una década, dio inicio a una de las más prolongadas crisis de las que se tienen registros. La economía española crece actualmente de manera más equilibrada, parece haber superado el cuello de botella que suponía el sector exterior y avanza en la corrección de los desequilibrios acumulados durante el boom crediticio de principios de siglo. Sin embargo, la magnitud de la tarea pendiente y la persistencia de las heridas abiertas tras la crisis nos han dejado en una situación de vulnerabilidad que conviene no subestimar.

Los flujos evolucionan en la buena dirección, con una persistencia que no cabe calificar de anecdótica, pero los stocks no dejan lugar a la complacencia. Se vienen creando unos 450.000 empleos anuales, pero la tasa de paro sigue en el 16,6% de la población activa; el déficit exterior ha pasado de -10% a +2% del PIB, pero la posición de inversión internacional todavía es desfavorable en una cuantía equivalente al 80% del PIB; el déficit público ha pasado del 11% en 2009 al 3,1% en 2017, pero sigue siendo el mayor de toda la UE; la deuda pública ha comenzado a reducirse pero, en un entorno de notable crecimiento nominal y de tipos de interés artificialmente bajos, apenas se sitúa unas décimas por debajo del 100% del PIB.

Hemos necesitado prácticamente diez años para recuperar la renta per cápita perdida, que ahora se distribuye peor que entonces. Los ocupados siguen siendo 1,7 millones menos que en 2007, de manera que el paro todavía afecta a más de 3,7 millones de personas (casi 2 millones más que al inicio de la crisis). Si sumamos a esto la magra evolución de los salarios, se entiende que la masa salarial en valor real todavía sea unos 56.000 millones de euros inferior a la de 2008. No debe extrañar que, a pesar de que la tasa de ahorro de los hogares se encuentre en mínimos, el consumo de los hogares aporte al PIB unos 27.000 millones de euros menos que antes de la crisis.

Así pues, aunque las causas que dieron origen a la crisis se han ido corrigiendo, algunas de sus consecuencias aún siguen presentes. Haríamos bien en aprovechar el actual periodo de bonanza económica para avanzar en una agenda de reformas estructurales que, urgidos por la necesidad perentoria de dejar atrás la crisis, ha quedado en un segundo plano.

Se ha completado la reestructuración del sector financiero y, con un resultado discutible, también se ha abordado la reforma del mercado laboral. El balance, sin embargo, es magro en otras cuestiones fundamentales: seguimos sin abordar el déficit estructural de la Seguridad Social (sostenibilidad de las pensiones); la inversión pública se encuentra en mínimos históricos (la educación ha sufrido una notable merma de recursos, la ciencia sigue siendo un animal mitológico y el interés por el medio ambiente es anecdótico); nuestro sistema fiscal es insuficientemente recaudatorio y decepcionantemente distributivo; sufrimos un problema endémico de productividad que limita las mejoras de competitividad empresarial y lastra la recuperación de los salarios; el regulador está capturado en sectores estratégicos bien identificados; carecemos de un relato sobre el papel de España en la reforma de las instituciones económicas europeas, etc.

Todas estas cuestiones son merecedoras de entendimiento entre los distintos agentes sociales, comenzando por unas fuerzas parlamentarias que deberán asumir la necesidad de llegar a acuerdos como forma habitual de Gobierno. Conservadores, liberales, socialdemócratas y populistas han abierto un mapa en el que será difícil que una sola opción pueda hacer país de manera hegemónica en los próximos años. Por eso, más que nunca, es necesario evitar el uso partidista de las instituciones públicas, que deberían ser ejemplarmente eficientes, creíbles e independientes. De acuerdo con el CIS de enero de 2018, los españoles señalan la corrupción, el fraude y los partidos (de manera conjunta) como el principal problema que existe actualmente en España (26,1%), sólo por detrás del paro (40,5%). Garantizar el buen funcionamiento de las instituciones, con el concurso protagonista de mujeres y jóvenes, es condición necesaria para abordar con credibilidad la agenda de reformas estructurales pendiente.