Las reformas precisas

Artículo publicado en El Nuevo Lunes el 27/02/2017

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El fuerte crecimiento que ha caracterizado a la economía española en los dos últimos ejercicios no debería hacernos olvidar que, pese a la evolución favorable de los grandes desequilibrios macroeconómicos, algunos desafíos de carácter estructural siguen pendientes.

Se hace necesario afrontar una reforma integral del sistema fiscal que tenga por finalidad el incremento de la capacidad recaudatoria de nuestras administraciones públicas (recaudan ochos puntos de PIB menos que el promedio del área euro) y la mejora de la equidad en la distribución de la renta (nuestro sistema fiscal ha mostrado en los últimos años su incapacidad para reducir las desigualdades). Esta reforma debería afrontarse minimizando la distorsión de los mecanismos del mercado y liberalizando sectores en los que existe margen para fomentar la libre concurrencia. En este sentido, se hace necesario que los organismos encargados de velar por el buen funcionamiento de los mercados presten especial atención a aquellos sectores particularmente proclives a la colusión empresarial.

En línea con la defensa de la competencia, la economía española sigue teniendo en su debe unos indicadores de productividad que, pese a mostrar signos de mejora, apenas recuperan niveles de hace diez o quince años. Es cierto que la productividad aparente del trabajo (el valor añadido generado por cada ocupado) ha crecido de manera excepcional desde el inicio de la crisis, pero no lo ha hecho por la adopción de tecnologías o hábitos de trabajo más eficientes, sino que responde principalmente a un proceso de devaluación interna (ajuste de plantillas y moderación salarial).

La devaluación interna está en el origen de fuertes ganancias de competitividad que han permitido a la economía española sortear las fases más duras de la crisis. Pero no constituye en modo alguno una estrategia de futuro. Las claves para preservar la competitividad de nuestra economía pasan por la mejora estructural de la productividad: adopción de tecnologías, innovación, capital humano, eficiencia en la organización empresarial.

El desempeño del mercado laboral español ha sido excepcional en los dos últimos años, en los que se ha creado cerca de un millón de puestos de trabajo. Pese a todo, el paro de larga duración y la calidad del empleo generado siguen siendo dos asignaturas pendientes.

Desde una perspectiva europea, el mercado laboral español se caracteriza por un tasa de temporalidad sustancialmente mayor que el promedio del área euro. Según Eurostat, el 25,2% de la ocupación en España se ejercía de manera temporal en 2015, frente al 15% en Europa. El mercado laboral español no sólo es líder en temporalidad en el contexto europeo, sino también en temporalidad involuntaria. El 22,8% de todos los ocupados españoles ejercían involuntariamente un empleo temporal en 2015, frente al 9,6% del promedio del área euro.

Sucede lo contrario con la tasa de parcialidad, notablemente menor (15,6% en España frente al 21,6% en Europa). Conviene señalar que la parcialidad, cuando es voluntaria, es una vía que puede facilitar la conciliación de la vida profesional con la personal. A priori, trabajar a tiempo completo otorga una mayor capacidad de generación de rentas, si bien el trabajo a tiempo parcial no tiene por qué estar reñido con los indicadores de productividad laboral que, de hecho, muestran más bien lo contrario. En este sentido, los países europeos con mayores tasas de parcialidad voluntaria son, precisamente, aquellos que cuentan con una tasa de paro más baja.

En cuanto al endeudamiento, la ratio de deuda pública se ha estabilizado en torno al 100% del PIB, con un déficit significativamente mayor que el previsto al comienzos de 2016 (2,8%) aunque en línea con los nuevos compromisos adquiridos con Bruselas a mitad de año (4,6%). La distribución de los objetivos de déficit por nivel de administración supone que el Estado deberá abordar un ajuste de 1,4 puntos de PIB en 2017, las Comunidades Autónomas un ajuste de 0,2 puntos y la Seguridad Social un ajuste de 0,3 puntos. Estos 0,3 puntos de ajuste no parecen un objetivo sencillo de alcanzar, dada la tendencia de los últimos años y la evolución del Fondo de Reserva. Sin medidas dirigidas específicamente a reducir el déficit de la Seguridad Social es posible que no se pueda alcanzar el objetivo de déficit conjunto de las administraciones públicas comprometido para este año (3,1% PIB).