El relato fallido de la austeridad expansiva

Artículo publicado en CTXT el 14/12/2016

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El relato de la austeridad expansiva, inspirado desde Harvard por los italianos Alberto Alesina y Silvia Ardagna, se articuló en torno a la tesis de que todo ajuste fiscal es más eficiente vía gastos (reduciéndolos) que vía ingresos (incrementándolos). Esta tesis estaba secundada por un corolario de dudosa consistencia académica, según el cual una contracción del gasto social serviría de estímulo a la actividad económica y el empleo.

La austeridad fiscal y la devaluación salarial iban a favorecer el retorno de la confianza, condición necesaria para que un país como España pudiese acudir con normalidad a los mercados financieros. Con familias, empresas y administraciones públicas sobreendeudadas, la prioridad al inicio de la crisis era facilitar el desapalancamiento para, en un segundo momento, reactivar el consumo y la inversión.

El relato puede parecer exitoso desde la perspectiva de 2016, en la medida en que el crecimiento y el empleo se han recuperado con más intensidad de lo que inicialmente cabía esperar. Sin embargo, cuando se analizan los fundamentos del actual ciclo económico y se repara en el incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit público, son pocas las evidencias de los efectos expansivos de la austeridad y muchos los daños colaterales que ahora debemos atajar.

La confianza ha vuelto a los mercados y la deuda pública española se financia en condiciones excepcionalmente favorables (el tipo de interés medio de la deuda ha pasado del 4,1% en 2007 al 2,8% en la actualidad, a pesar de la tormenta financiera de 2012). Pero no es el ajuste fiscal de las administraciones públicas lo que ha calmado a los inversores y ha permitido una reducción de tipos, sino la intervención del Banco Central Europeo en los mercados de deuda. De hecho, el riesgo idiosincrático derivado de la incertidumbre política en España apenas ha cotizado.

La austeridad fiscal y la devaluación salarial iban a favorecer el retorno de la confianza, condición necesaria para que un país como España pudiese acudir con normalidad a los mercados financieros

Es cierto que la economía española viene creando más de 500.000 empleos netos anuales, un desempeño excepcional, pero lo hace con unas tasas de temporalidad y de parcialidad involuntarias que son insólitas en el entorno internacional.

La devaluación interna se ha hecho casi exclusivamente a costa del factor trabajo (los dividendos han seguido creciendo a pesar de la crisis), en especial de la remuneración de los nuevos entrantes al mercado laboral, deprimiendo los salarios más bajos. Esto ha contribuido a descuadrar las cuentas de la Seguridad Social y ha deteriorado la distribución de la renta nacional de manera sobresaliente. Hemos dejado por el camino una factura sin pagar, en forma de exclusión social y pobreza infantil, que afecta de manera particular a los dos deciles de hogares con menor renta.

Además, la devaluación interna no ha supuesto una mejora significativa de los indicadores de productividad (no hacemos las cosas mejor, sino que somos menos los trabajadores que las hacemos), por lo que existe el riesgo de perder en el medio plazo la competitividad-precio ganada con el esfuerzo de estos años.

Los vientos favorables que han alimentado el crecimiento reciente no siempre van a soplar con la misma intensidad (efecto rebote tras la recesión, abaratamiento de los tipos de interés, depreciación del euro, caída del precio del petróleo, inestabilidad geopolítica en algunos de los principales competidores del sector turístico) y, desde luego, poco o nada tienen que ver con decisiones políticas de índole doméstica.

Lo que sí es cierto en el relato de la austeridad expansiva es el empeño puesto, por convencimiento propio y a instancias de los principales organismos internacionales, en articular el ajuste fiscal de las administraciones públicas por la vía exclusiva del gasto. El Programa de Estabilidad del Gobierno es claro en este sentido: “La estrategia fiscal en términos de ingresos y gastos para el conjunto de las administraciones públicas consiste en mantener la ratio de ingresos sobre PIB en torno a 38% del PIB y la ratio de gasto decreciente en 5 puntos de PIB, desde 43,5% de 2014 a 38,4% del PIB en 2018.”

La devaluación interna se ha hecho casi exclusivamente a costa del factor trabajo, en especial de la remuneración de los nuevos entrantes al mercado laboral, deprimiendo los salarios más bajos

Sucede que los ingresos de las administraciones públicas españolas, a cierre de 2015, se situaban en el 38,2% del PIB frente al 46,6% en el promedio del área euro, mientras que los gastos representan el 43,3% en España y el 48,6% en el área euro. No hemos conseguido detener la hemorragia de las finanzas públicas (el déficit primario cerró 2015 en el 2% del PIB y la ratio de deuda apenas se ha estabilizado en torno al 100% del PIB), pero nos hemos autoimpuesto una limitación adicional cuyo fundamento es esencialmente ideológico: congelar nuestros ingresos en un nivel 8,4 puntos de PIB inferior al promedio del área euro.

El cenit de esta estrategia fiscal llegó el pasado año, con una reforma que no abordó los males de nuestro sistema impositivo (baja capacidad recaudatoria, pese a tipos marginales similares o incluso superiores a las principales economías de nuestro entorno, y equidad insuficiente) y se quedó en una mera rebaja de impuestos cuyas consecuencias siguen sufriendo las arcas públicas. Al relato de la austeridad expansiva añadimos la creencia ciega en la curva de Laffer, con tan buen acierto que mientras la economía española crece a un ritmo extraordinario del 3,2% interanual, la recaudación del Estado acumulada hasta septiembre cae el 1,3%.

Conciliar crecimiento económico, ajuste fiscal y equidad en el esfuerzo

Conviene recordar que la Comisión Europea propuso el pasado mes de julio una senda de ajuste fiscal para España en la que modificó de manera sustancial los objetivos de déficit público. La meta de 2016 se relajó desde el 2,8% del PIB al 4,6%, y la de 2017 lo hizo desde el 1,4% al 3,1%. Se prorrogó hasta 2018 el plazo para que España abandone el brazo correctivo del Protocolo de Déficit Excesivo, en una decisión que debe mucho al empeño personal de Moscovici. En la misma resolución se descartó la opción de sancionar a España por incumplimiento reiterado de sus compromisos en materia fiscal, como habría sido preceptivo.

Dadas las estimaciones de crecimiento e inflación, un ajuste de 0,5 puntos de PIB en 2017 equivale a unos 5.700 millones de euros, mientras que 0,7 puntos representan unos 8.000 millones aproximadamente

El Plan Presupuestario 2017 enviado a Bruselas a mediados de octubre estima que el ciclo económico puede permitir una consolidación del déficit público de un punto de PIB por lo que, partiendo del 4,6% con el que supuestamente cerraremos el presente ejercicio, quedaría pendiente un ajuste estructural de 0,5 puntos de PIB hasta alcanzar el 3,1% comprometido para el año que viene. Sin embargo, según se infiere de las previsiones de otoño de la Comisión, el ajuste estructural necesario podría ser de 0,7 puntos. Dadas las estimaciones de crecimiento e inflación, un ajuste de 0,5 puntos de PIB en 2017 equivale a unos 5.700 millones de euros, mientras que 0,7 puntos representan unos 8.000 millones aproximadamente.

Así las cosas, existen dos cuestiones sobre las que habrá que decidir en las próximas fechas. La urgente es definir la cuantía del ajuste estructural y detallar cómo se va a afrontar en los Presupuestos Generales del Estado 2017. Pero la cuestión verdaderamente importante es la misma que al inicio de la crisis: cómo conciliar crecimiento económico, ajuste fiscal y equidad en el esfuerzo.

Por eso no deberíamos perdernos en el mercadeo de apoyos parlamentarios a cambio de tal o cual incremento o reducción de gastos. Empecemos a pensar en una reforma integral que ataje definitivamente los males de nuestro sistema impositivo. Modifiquemos la actual estrategia fiscal, presupuestando un incremento gradual de los ingresos públicos que abarque toda la legislatura. Y asumamos, contribuyentes y decisores, que comprometerse a subir o bajar impuestos de manera incondicional, argumentando que una cosa o la otra es de izquierdas o de derechas, es un propósito carente de fundamento económico. La fiscalidad en sí misma no es un fin, sino una herramienta al servicio del bienestar común.